Fátima (no es su nombre real) quemó su casa en 2018 debido a un brote de una enfermedad mental que le diagnosticaron. Desde entonces se encuentra en la prisión preventiva de Picassent (Valencia), a pesar de una sentencia que le dejó en libertad hace más de un año y que dictaba que debía ser atendido en un «centro adecuado». Las contradicciones del sistema y la falta de recursos para las personas con enfermedades mentales en entornos penitenciarios, según informan las organizaciones que trabajan con el grupo, han mantenido a la mujer marroquí de 43 años en prisión. Su abogado defendió que la situación en la que lo encontró su cliente carecía de «cobertura legal» y «vulneraba su derecho fundamental a la libertad personal».
